Benedicto XVI: Los Procesos de Nulidad Matrimonial, "Un servicio a la verdad"
Discurso del Papa a la Rota Romana (28 de enero de 2006)
Ilustres jueces,
oficiales y colaboradores del Tribunal apostólico de la Rota romana:
Ha pasado casi un año desde el último encuentro de vuestro
tribunal con mi amado predecesor Juan Pablo II. Fue el último de una larga
serie. De la inmensa herencia que él nos dejó también en materia de derecho
canónico, quisiera señalar hoy en particular la Instrucción
Dignitas connubii, sobre el procedimiento que se ha de seguir en las
causas de nulidad matrimonial. Con ella se quiso elaborar una especie de
vademécum, que no sólo recoge las normas vigentes en esta materia, sino que
también las enriquece con otras disposiciones, necesarias para la aplicación
correcta de las primeras. La mayor contribución de esa Instrucción, que espero
sea aplicada íntegramente por los agentes de los tribunales eclesiásticos,
consiste en indicar en qué medida y de qué modo deben aplicarse en las causas de
nulidad matrimonial las normas contenidas en los cánones relativos al juicio
contencioso ordinario, cumpliendo las normas especiales dictadas para las causas
sobre el estado de las personas y para las de bien público.
Como sabéis bien, la atención prestada a los procesos de nulidad matrimonial
trasciende cada vez más el ámbito de los especialistas. En efecto, las
sentencias eclesiásticas en esta materia influyen en que muchos fieles puedan o
no recibir la Comunión eucarística. Precisamente este aspecto, tan decisivo
desde el punto de vista de la vida cristiana, explica por qué, durante el
reciente Sínodo sobre la Eucaristía, muchas veces se hizo referencia al tema de
la nulidad matrimonial.
A primera vista, podría parecer que la preocupación pastoral que se reflejó en
los trabajos del Sínodo y el espíritu de las normas jurídicas recogidas en la
Dignitas connubii son dos cosas profundamente diferentes, incluso casi
contrapuestas. Por una parte, parecería que los padres sinodales invitaban a los
tribunales eclesiásticos a esforzarse para que los fieles que no están casados
canónicamente puedan regularizar cuanto antes su situación matrimonial y volver
a participar en el banquete eucarístico. Por otra, en cambio, la legislación
canónica y la reciente Instrucción parecerían poner límites a ese impulso
pastoral, como si la preocupación principal fuera cumplir las formalidades
jurídicas previstas, con el peligro de olvidar la finalidad pastoral del
proceso.
Detrás de este planteamiento se oculta una supuesta contraposición entre derecho
y pastoral en general. No pretendo afrontar ahora a fondo esta cuestión, ya
tratada por Juan Pablo II en repetidas ocasiones, sobre todo en el discurso de
1990 a la Rota romana (cf. AAS 82 [1990] 872-877). En este primer
encuentro con vosotros prefiero centrarme, más bien, en lo que representa el
punto de encuentro fundamental entre derecho y pastoral: el amor a la verdad.
Por lo demás, con esta afirmación me remito idealmente a lo que mi venerado
predecesor os dijo precisamente en el
discurso del año pasado (cf. AAS 97 [2005] 164-166).
El proceso canónico de nulidad del matrimonio constituye esencialmente un
instrumento para certificar la verdad sobre el vínculo conyugal. Por
consiguiente, su finalidad constitutiva no es complicar inútilmente la vida a
los fieles, ni mucho menos fomentar su espíritu contencioso, sino sólo prestar
un servicio a la verdad. Por lo demás, la institución del proceso en general no
es, de por sí, un medio para satisfacer un interés cualquiera, sino un
instrumento cualificado para cumplir el deber de justicia de dar a cada uno lo
suyo.
El proceso, precisamente en su estructura esencial, es una institución de
justicia y de paz. En efecto, el proceso tiene como finalidad la declaración de
la verdad por parte de un tercero imparcial, después de haber ofrecido a las
partes las mismas oportunidades de aducir argumentaciones y pruebas dentro de un
adecuado espacio de discusión. Normalmente, este intercambio de opiniones es
necesario para que el juez pueda conocer la verdad y, en consecuencia, decidir
la causa según la justicia. Así pues, todo sistema procesal debe tender a
garantizar la objetividad, la tempestividad y la eficacia de las decisiones de
los jueces.
También en esta materia es de importancia fundamental la relación entre la razón
y la fe. Si el proceso responde a la recta razón, no puede sorprender que la
Iglesia haya adoptado la institución procesal para resolver cuestiones
intraeclesiales de índole jurídica. Así se fue consolidando una tradición ya
plurisecular, que se conserva hasta nuestros días en los tribunales
eclesiásticos de todo el mundo. Además, conviene tener presente que el derecho
canónico ha contribuido de modo muy notable, en la época del derecho clásico
medieval, a perfeccionar la configuración de la misma institución procesal.
Su aplicación en la Iglesia atañe ante todo a los casos en los que, estando
disponible la materia del pleito, las partes podrían llegar a un acuerdo que
resolviera el litigio, pero por varios motivos eso no acontece. Al recurrir a un
proceso para tratar de determinar lo que es justo, no se pretende acentuar los
conflictos, sino hacerlos más humanos, encontrando soluciones objetivamente
adecuadas a las exigencias de la justicia.
Naturalmente, esta solución por sí sola no basta, pues las personas necesitan
amor, pero, cuando resulta inevitable, constituye un paso significativo en la
dirección correcta. Además, los procesos pueden versar también sobre materias
que exceden la capacidad de disponer de las partes, en la medida en que afectan
a los derechos de toda la comunidad eclesial. Precisamente en este ámbito se
sitúa el proceso para declarar la nulidad de un matrimonio: en efecto, el
matrimonio, en su doble dimensión, natural y sacramental, no es un bien del que
puedan disponer los cónyuges y, teniendo en cuenta su índole social y pública,
tampoco es posible imaginar alguna forma de autodeclaración.
En este punto, viene espontáneamente la segunda observación. En sentido
estricto, ningún proceso es contra la otra parte, como si se tratara de
infligirle un daño injusto. Su finalidad no es quitar un bien a nadie, sino
establecer y defender la pertenencia de los bienes a las personas y a las
instituciones. En la hipótesis de nulidad matrimonial, a esta consideración, que
vale para todo proceso, se añade otra más específica. Aquí no hay algún bien
sobre el que disputen las partes y que deba atribuirse a una o a otra. En
cambio, el objeto del proceso es declarar la verdad sobre la validez o invalidez
de un matrimonio concreto, es decir, sobre una realidad que funda la institución
de la familia y que afecta en el máximo grado a la Iglesia y a la sociedad
civil.
En consecuencia, se puede afirmar que en este tipo de procesos el destinatario
de la solicitud de declaración es la Iglesia misma. Teniendo en cuenta la
natural presunción de validez del matrimonio formalmente contraído, mi
predecesor Benedicto XIV, insigne canonista, ideó e hizo obligatoria la
participación del defensor del vínculo en dichos procesos (cf. const. ap. Dei
miseratione, 3 de noviembre de 1741). De ese modo se garantiza más la
dialéctica procesal, orientada a certificar la verdad.
El criterio de la búsqueda de la verdad, del mismo modo que nos guía a
comprender la dialéctica del proceso, puede servirnos también para captar el
otro aspecto de la cuestión: su valor pastoral, que no puede separarse del amor
a la verdad. En efecto, puede suceder que la caridad pastoral a veces esté
contaminada por actitudes de complacencia con respecto a las personas. Estas
actitudes pueden parecer pastorales, pero en realidad no responden al bien de
las personas y de la misma comunidad eclesial. Evitando la confrontación con la
verdad que salva, pueden incluso resultar contraproducentes en relación con el
encuentro salvífico de cada uno con Cristo. El principio de la indisolubilidad
del matrimonio, reafirmado por Juan Pablo II con fuerza en esta sede (cf. los
discursos del 21 de enero de 2000, en AAS
92 [2000] 350-355, y del
28 de enero de 2002,
en AAS 94 [2002] 340-346), pertenece a la integridad del misterio
cristiano.
Hoy constatamos, por desgracia, que esta verdad se ve a veces oscurecida en la
conciencia de los cristianos y de las personas de buena voluntad. Precisamente
por este motivo es engañoso el servicio que se puede prestar a los fieles y a
los cónyuges no cristianos en dificultad fortaleciendo en ellos, tal vez sólo
implícitamente, la tendencia a olvidar la indisolubilidad de su unión. De ese
modo, la posible intervención de la institución eclesiástica en las causas de
nulidad corre el peligro de presentarse como mera constatación de un
fracaso.
Con todo, la verdad buscada en los procesos de nulidad matrimonial no es una
verdad abstracta, separada del bien de las personas. Es una verdad que se
integra en el itinerario humano y cristiano de todo fiel. Por tanto, es muy
importante que su declaración se produzca en tiempos razonables.
Ciertamente, la divina Providencia sabe sacar bien del mal, incluso cuando las
instituciones eclesiásticas descuidaran su deber o cometieran errores. Pero es
una obligación grave hacer que la actuación institucional de la Iglesia en los
tribunales sea cada vez más cercana a los fieles.
Además, la sensibilidad pastoral debe llevar a esforzarse por prevenir las
nulidades matrimoniales cuando se admite a los novios al matrimonio y a procurar
que los cónyuges resuelvan sus posibles problemas y encuentren el camino de la
reconciliación. Sin embargo, la misma sensibilidad pastoral ante las situaciones
reales de las personas debe llevar a salvaguardar la verdad y a aplicar las
normas previstas para protegerla en el proceso.
Deseo que estas reflexiones ayuden a hacer comprender mejor que el amor a la
verdad une la institución del proceso canónico de nulidad matrimonial y el
auténtico sentido pastoral que debe animar esos procesos. En esta clave de
lectura, la Instrucción
Dignitas connubii y las preocupaciones que
emergieron en el último Sínodo resultan totalmente convergentes. Amadísimos
hermanos, realizar esta armonía es la tarea ardua y fascinante por cuyo discreto
cumplimiento la comunidad eclesial os está muy agradecida. Con el cordial deseo
de que vuestra actividad judicial contribuya al bien de todos los que se dirigen
a vosotros y los favorezca en el encuentro personal con la Verdad, que es
Cristo, os bendigo con gratitud y afecto.