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La legislación de la Iglesia Católica recoge, ya desde el primer canon que dedica al matrimonio, la necesidad de que la alianza matrimonial está constituida por un varón y una mujer. Trataremos de analizar aquí el alcance de esta indicación, así como las motivaciones del legislador canónico al dar esta norma.

El derecho canónico, al regular el matrimonio, recoge una figura jurídica anterior a él mismo: en efecto, el legislador en tantas ocasiones, al regular una institución, no lo hace con plena libertad de legislar, sino que se debe limitar a recoger las figuras que existen, y procurar ordenar las relaciones de justicia que de ahí surgen. Ciertamente, al regularlas, habrá de innovar muchas veces, pero no podrá alterar aquellos aspectos de la institución que le son esenciales. Si lo hace, no estamos ante la institución que originó la legislación, sino otra distinta, probablemente necesaria y legítima, pero la institución que originó la legislación sigue existiendo, y sigue estando necesitada de que el derecho reconozca las relaciones de justicia que surgen. Esto es, dicho de otro modo, una exigencia del derecho natural.

Valga un ejemplo. Si en la sociedad civil el legislador, al afrontar los efectos jurídicos de la filiación y la paternidad, concede que la autoridad civil puede reconocer un padre distinto del biológico, no podrá hacerlo hasta el punto de negar que la esencia de la filiación y la paternidad es la relación biológica que existe. Puede haber otra filiación, pero existirá a modo de semejanza con la biológica o natural. En este ejemplo, la filiación y paternidad aprobada por la autoridad civil sería la adoptiva, cuya necesidad en la sociedad está fuera de duda. Pero lo que no puede aprobar el legislador es ignorar que la esencia de la filiación y paternidad es el vínculo biológico que existe entre un hijo y su padre o madre, al menos como semejanza o modelo. Una legislación así sería simplemente absurda, entre otros motivos porque seguirá habiendo padres e hijos, y necesitan que el ordenamiento regule sus relaciones.

Y sin embargo, si se consulta cualquier Código civil se puede observar que la mayor parte de los artículos sobre la filiación se dedican a asuntos como las herencias y sucesiones, la administración de los bienes del hijo por sus padres, la autorización del juez para ciertas decisiones, etc. Si acaso, algún artículo con sabor de anticuado que indica que los hijos deben respeto y obediencia a sus padres, y éstos deben procurar el bienestar de sus hijos. Cualquiera se da cuenta que la esencia de la filiación y paternidad no es la que aparece en el Código. También lo sabe el legislador, aunque como es comprensible debe regular las relaciones de justicia que surgen, no definir la esencia de qué es un padre y un hijo y cómo se deben tratar.

Al matrimonio se puede aplicar esta doctrina. Cuando se lee el Código de derecho canónico, se observa que la mayoría de los cánones se dedican al consentimiento, los impedimentos, la convalidación y otros aspectos similares. Todos ellos son necesarios, pero no definen la esencia del matrimonio.

¿Cuál es, pues, la esencia del matrimonio? En parte la respuesta está en el canon 1055 § 1. Este canon, por otro lado, recoge casi literalmente la doctrina contenida en la Constitución pastoral Gaudium et Spes, del Concilio Vaticano II. Se debe recordar, como ya se ha indicado, que el legislador canónico no tiene disponibilidad sobre la esencia del matrimonio. En esta materia se limita a recoger la institución de derecho natural que existe. He aquí el canon 1055 § 1:

Hemos indicado que recoge la esencia del matrimonio, en parte. Puesto que la esencia del contrato matrimonial más bien habría que buscarla en la familia, en el mutuo acuerdo al que llegan los contrayentes en formar una familia. Por familia se debe entender lo que es natural a esta institución, es decir, incluye la disposición a la generación y educación de los hijos.

¿Puede haber matrimonios en los que no haya posibilidad de descendencia? Se trata de uno de los grandes debates actuales. A veces se habla de modelos de familia, para ampliar el concepto de familia a otras uniones en las que no existe esta posibilidad, o para incluir a las uniones no matrimoniales en las que hay descendencia. Sin entrar en el debate de fondo, desde luego quien defiende que haya otros modelos de familia está mirando a un tipo de familia como prototipo de familia: los otros modelos de familia que defiende intentan asemejarse al concepto de familia que todos conocemos, en el que hay padres e hijos unidos establemente por un vínculo libremente adquirido por los padres. Por eso, sería un error que el legislador llamara familia a lo que no es, ni puede serlo.

Por lo tanto, no sería lógico que el legislador aprobara como matrimonial una unión en la que no existe la posibilidad de descendencia natural. En ese sentido el Código de derecho canónico prescribe que el matrimonio canónico es un consorcio entre hombre y mujer. Por lo que se lleva dicho hasta aquí, se ve claro que este concepto de matrimonio no está a disposición del legislador canónico: no podría aprobar un matrimonio en el que no haya un varón y una mujer. Tal supuesto matrimonio desvirtuaría la esencia misma del matrimonio, pues sería otra unión. A esta conclusión se puede llegar también a la luz del canon 1096, que prescribe que el conocimiento mínimo del matrimonio que se debe tener incluye que se trata de un consorcio permanente entre un varón y una mujer.

Como se ve, se trata de una exigencia de la naturaleza del matrimonio. Pero el matrimonio es más amplio que la posibilidad de que haya descendencia o prole: quien quiera conocer el pensamiento del legislador canónico acerca del matrimonio, no puede limitarse a examinar el Código de derecho canónico. En el matrimonio entran otras consideraciones, como son la complementariedad entre los contrayentes, el recíproco respeto y la mutua ayuda, entre otras muchas, que el canon 1055 resume en la expresión “el bien de los cónyuges”. Aun así, siguiendo con el ejemplo de la legislación civil y la filiación, hay muchísimos aspectos que se escapan al Código, no por desconocimiento del legislador, sino porque no es posible recogerlos en un texto jurídico. No se puede pretender que un cuerpo legal, con la concisión y rigor propias del lenguaje jurídico, exprese o regule cuestiones como el amor que deben tener los cónyuges. Pero el legislador no ignora que el amor conyugal forma parte del bien de los cónyuges. El desarrollo de esta cuestión excede del objetivo de este artículo.

Sin embargo, el amor sólo no constituye un matrimonio. En una pareja puede existir el amor, pero mientras no se decidan a poner en marcha un proyecto de unión que incluya la formación de una familia, no se puede hablar de matrimonio. Puede ser una relación legítima, y laudable desde el punto de vista moral, pero no hay matrimonio. Estaríamos ante una alianza de otro tipo. No sería lógico que el legislador aplicara las normas del matrimonio a esta relación.

Se debe añadir, además, una precisión: el reconocimiento del matrimonio como una realidad heterosexual, no se basa en una razón de discriminación o desigualdad con ninguna persona por razón de su tendencia o gustos, sino que -como se puede observar por lo que se lleva dicho- tiene su fundamento en la naturaleza del matrimonio. Es decir, por poner un ejemplo, aunque una pareja de homosexuales pueda acordar una unión lo más estrecha que la legalidad permita -sin entrar aquí a juzgar la legitimidad de tal unión legal-, nunca podrán tener descendencia. Nunca podrán crear una familia. Desaprobar una unión matrimonial para estas parejas no es discriminación hacia ellos, sino reconocer este hecho, que es tan claro que ningún legislador puede cambiar.